Según informa Europa Press, la nueva ley simplifica el
despliegue de nuevas redes, favorece el uso compartido de infraestructuras,
elimina las trabas a la concesión de licencias y reduce la "dispersión
normativa" entre las comunidades autónomas.
Otra de las novedades es la supresión de las licencias
urbanísticas y medioambientales para el despliegue de redes de
telecomunicaciones en dominio privado, que serán sustituidas por declaraciones
responsables. También se facilitará el despliegue de redes fijas en edificios
eximiendo la instalación de antenas de telefonía móvil de cualquier tipo de
autorización, y se garantizará el derecho de cualquier ciudadano a acceder a redes
ultrarrápidas.
Por otra parte se mejoran los derechos de los usuarios en
cuanto a la protección de datos de carácter personal y la privacidad de las
personas. También se ha aprobado la
creación de una Comisión Interministerial sobre radiofrecuencias y salud para
aumentar la confianza en la seguridad medioambiental, y se refuerza la potestad
inspectora y sancionadora por parte de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información.
